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Política Mi propuesta de gobernabilidad en España tras las elecciones del 20-D

Las elecciones del 20 de diciembre han arrojado unos resultados, y los españoles aún se preguntan cómo han sido: los bloques de centro-derecha (PP y Ciudadanos) y centro-izquierda (PSOE, Podemos y Unidad Popular) permanecen, ambos, sumamente alejados de la cifra mágica necesaria para la gobernabilidad. Sin embargo, el vuelco político y social en el realineamiento de fuerzas acontecido en este año 2015 ha sido de tan inmensa magnitud, con la fulgurante aparición de los emergentes, los cuales han minado de una porción considerable de respaldo ciudadano a unas estructuras de partido mayoritarias que, habiendo legislado -mediante imposición de instancias supranacionales- en flagrante colisión con los intereses del pueblo español y contrariamente a los programas electorales con los que se presentaban a los comicios vulnerando el principio de representación en las instituciones, no han sabido reaccionar a una oleada cívica de protesta canalizada en forma de formaciones políticas portadoras de mayor dinamismo, juventud y, en suma, más enraizadas y conectadas con el pensamiento del español medio, fundamentalmente, en las áreas urbanas y de mediana-joven franja de edad.

Ésa es, en mi opinión, la primera premisa que debería ser considerada. La segunda, tras una lectura detallada de los resultados, estribaría en emitir una ojeada a los resultados que se han gestado en la periferia de nuestro país, concretamente en Catalunya y el País Vasco. En ambas Comunidades Autónomas históricas, se ha impuesto, como primera opción, Podemos (o sus derivaciones confluyentes). La impresión que se transmite de esa consecuencia se resume en que, una parte netamente importante del electorado vasco y catalán se habría sentido atraída por la promesa, contenida en el programa electoral de los de Pablo Iglesias, de someter a referéndum (en el caso catalán) el afán de autodeterminación de su propio encaje constitucional en el conjunto del Estado español, mediante consulta pactada y consensuada con el Gobierno de España, en un marco de legalidad y seguridad jurídica. Y algo similar podría deducirse del supuesto vasco, pues se ha asistido a un trasvase de voto cuantitativamente reseñable entre EH-Bildu y Podemos a favor de éste último.

Por tanto, la inviabilidad de un acuerdo de gobernabilidad enmarcado en el tradicional continuum izquierda-derecha, la profunda crisis sistémica en múltiples frentes de un sistema político-institucional como el español en evidente estado de descomposición y deslegitimación por un conjunto apreciable de la opinión pública (corrupción endémica, desconexión entre representantes y representados, obstáculos a la independencia efectiva del Poder judicial, incremento galopante de las desigualdades, carencia de una política fundada en el reconocimiento de nuestra historia pasada, como en el supuesto relativo a la puesta en práctica de un Plan que, aunado a la Ley de Memoria Histórica, restituya la dignidad y el honor de los represaliados del bando vencedor en la Guerra Civil y en la posterior dictadura, cerrando unas heridas que prosiguen abiertas entre muchos compatriotas, percepción ampliamente extendida acerca de la inutilidad del Senado como cámara de representación territorial, figuras jurídicas tan cuestionables como las del aforamiento de diputados y senadores o el indulto discrecional en manos del Gobierno, el propio sistema electoral, entre muchas otras cuentas pendientes) harían necesario que, como preámbulo a un nuevo ciclo de nuestra vida política, se eliminaran las pulsiones cainitas tan presentes en el devenir histórico de nuestro país, entre proyectos políticos aparentemente excluyentes (algo, por otra parte, connatural en toda democracia, en la que compiten ofertas electorales de variado espectro en la lucha lícita, bajo una serie de reglas del juego, por el poder, decidiendo la ciudadanía en pleno uso de su derecho al voto) y convergieran, al menos, por una vez, a fin de conducir a buen puerto las reformas institucionales, de conducta pública ejemplar, de lucha contra la corrupción y las malas prácticas en la res publica, encaminadas a que, en una legislatura tan singular como la que propongo, la situación por la que atraviesa el pueblo español mejore exponencialmente, y la confianza del mismo en quienes deberían, por bandera, velar por el interés general se restituyera plenamente, encarando una nueva etapa de nuestro sino como comunidad con mayores visos de autoconfianza y esperanza depositada en nuestro porvenir colectivo.

Para ello, yo propondría el siguiente modelo, el cual se circunscribiría, únicamente a esta legislatura a punto de arrancar:

Nuestra Constitución declara que el Rey entablará contactos con los representantes de los partidos políticos con representación parlamentaria en las nuevas Cortes, a fin de determinar la designación del candidato destinado a hacerse valedor del respaldo de la mayoría de la Cámara en la sesión de investidura, como Presidente del Gobierno. Por tanto, se estimaría deseable que, previamente a tal eventualidad, las cinco formaciones de ámbito estatal que, según estas elecciones, preservan un respaldo ciudadano significativo -PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos y Unidad Popular (con apenas dos escaños, pero con casi un millón de sufragios a los que no deberíamos desdeñar en consideración e importancia relativa- se pusieran de acuerdo en la elección de un perfil que se adecuara a las siguientes características: una persona de en torno a unos 40-42 años, de prestigio, desprovisto de pasado y sin vinculación política aparente, capaz de armonizar con los nuevos tiempos, sin generar rechazo por parte de los proponentes. Puesto que nuestra Ley fundamental contempla la apuesta por un Presidente no necesariamente diputado, se cumpliría dicho requisito. El rol a desplegar por el mismo en dicho mandato consistiría en moderar y arbitrar las riendas del Ejecutivo, garantizando la cohesión y la consiguiente unidad de criterio en el Consejo de Ministros, estableciendo un rango de primus inter pares con sus Ministros en las reuniones del Consejo, homologable al de otros sistemas de gobierno, como el holandés o el belga.

Dicho Gobierno se hallaría exento de Vicepresidencia alguna, para así no revestir a la misma de una pátina partidista que pudiera disuadir a los restantes socios en el seno del Ejecutivo. En cuanto a los Ministros, se atendería a una relación de proporcionalidad en base a los resultados del domingo, permaneciendo integrados en el Consejo las cinco fuerzas estatales citadas anteriormente. Los Departamentos ministeriales se repartirían de un modo equitativo, y conforme a los deseos, consensuados, de cada actor político partidista representado: así, las áreas de la política social podrían recaer en manos del polo centro-izquierdista (PSOE, Podemos, UP); y las de índole económica (o Interior, Defensa, o cualesquiera otros), del centro-derechista (PP, Ciudadanos).

Ningún cabeza de cartel electoral de los cinco partidos comprendidos en dicha terna podría ejercer como Ministro. Esto es, ni Rajoy (quien, obviamente, se opondría a ello), ni Sánchez, ni Iglesias, ni Rivera, ni tampoco Garzón se hallarían considerados. Tampoco sus segundos espadas, sino diputados rasos, escasamente conocidos por el gran público (y sin antecedentes) y con competencia suficiente en la materia para tal desempeño. Así, el nuevo Gobierno se hallaría exonerado de una excesiva vinculación partidista y, por consiguiente, podría presumir de un cierto marchamo de neutralidad, al margen de los partidos en el Congreso, para implementar, con mayor acierto, su acción de gobierno a lo largo de la legislatura. Mientras tanto, los grupos de la Cámara ejercerían una labor exhaustiva de fiscalización de sus actuaciones, permitiendo que su entrada en el gabinete (a través de los ministerios de turno) sirviera para la mejora de los indicadores de gestión y, simultáneamente, no desgastarse ante unos retos del presente de tan colosal envergadura como para hacer frente a ellos sin el aval y el respaldo (o la fragilidad de éstos) en solitario, en un contexto de sumas aritméticas incierto e inestable.

De esta manera, España podría salir adelante y huir del asidero en que permanece sumida en los últimos años, por errores imputables al ejercicio de la responsabilidad política de muchos actores y por la asunción de la carencia de reflejos de una ciudadanía que, hasta apenas unos años, ha optado por eludir, en la mayoría de los casos, la misión esencial en toda democracia avanzada, la cual obedece a controlar a sus servidores públicos para no prevalerse de lo ajeno, en perjuicio de los intereses de la mayoría, y poner coto a los abusos de poder, tan en boga en nuestro tiempo a lo largo y ancho de nuestro país. Además, a todo esto se le ha añadido el cuestionamiento de la configuración territorial del Estado español por parte de las regiones históricas (Catalunya, posiblemente exportable al País Vasco en el futuro) y, sabedores de que un gobierno monocolor como el conocido hasta el momento, o de un signo político determinado (fundamentalmente conservador, con una hipotética suma PP-C's) no sabría encarar con mesura y altura de miras (por una cuestión estrictamente electoral, o de compromiso con un preciso tipo de elector, más sensible a estas cuestiones, ante la consiguiente caída en popularidad en los sondeos de intención de voto, al asumirse este apartado espinoso sin el concurso de otras fuerzas), el Ejecutivo que yo he planteado sí podría atreverse a dicho órdago, aprovechando la ya citada circunstancia de la carencia de bloques de acuerdo para la gobernabilidad en términos ideológicos, en tanto en cuanto este Gobierno recogería en su seno sensibilidades distintas, en relación con el vínculo jurídico y constitucional a tejer entre los distintos territorios del Estado español, más permeables a la plurinacionalidad tan reivindicada en muchos sectores de la población catalana y vasca, o al reconocimiento del derecho a la autodeterminación de los pueblos de España atribuible a todas las CCAA (de una forma similar a lo imperante en los Estados Unidos, en la relación jurídica existente entre la Administración Federal y los Estados de la Federación), máxime cuando en Catalunya y el País Vasco los buenos resultados de Podemos y sus confluencias han sido, producto, en gran medida, de la promesa de introducir en el debate político dichas aspiraciones que, de frustrarse, podrían acarrear un clima de airada tensión y desconexión, tocante en el divorcio, entre Madrid y la periferia, poniendo en tela de juicio la continuidad de la unidad, en la diversidad, de nuestro país en su conjunto.

Cada grupo político de los cinco en ese hipotético Gobierno pondría encima de la mesa las líneas rojas infranqueables para la aceptación de dicho acuerdo de mínimos: así, la reforma de nuestro sistema electoral pondría en visos de entendimiento a Podemos, Ciudadanos y a Unidad Popular; con la reforma (o disolución) del Senado, otro tanto de lo mismo; con los aforamientos, con la figura tan cuestionada del indulto; con la independencia del poder judicial; con la desgubernamentalización de RTVE, convirtiéndola en un foro para la expresión y difusión ponderada, equitativa, equilibrada y justa de la sociedad española, la forma de elección de los magistrados del TC y del CGPJ, la reforma del artículo 135 CE, el blindaje de competencias entre niveles de gobierno, el reconocimiento, ya consabidamente declarado, del derecho a la autodeterminación de los pueblos de España (en ese punto, Podemos desempeñaría un papel vital), la inclusión de la revocación del mandato de un Gobierno a mitad de mandato, al constatarse el incumplimiento flagrante del contrato suscrito con la ciudadanía tras las elecciones (un pasaje trascendente en el programa electoral de Podemos, igualmente) y, en última instancia, la propia reforma de la Constitución, a fin de adecuarla al siglo XXI. Un referéndum consultivo de aprobación de dichos cambios por los electores españoles, y cita apresurada ante las urnas para que éstos determinen el futuro del país, retirándose este Gobierno excepcional cumpliendo sus atribuciones, y retomándose la competición interpartidista, tal y como la conocemos de ordinario.

En resumidas cuentas, con voluntad de diálogo y tendiendo puentes de entendimiento, podríamos alcanzar, partiendo de unos resultados poco prometedores a raíz de las últimas elecciones, un acuerdo de mínimos a resultas de velar por el bien común, impidiendo una reedición de unos comicios que no harían sino, aparte de granjear unos costes mayores sobre el contribuyente de carácter innecesario, reproducir una situación no muy disímil de la registrada. Aun perdiendo todos algo en el camino. Porque, como afirmaba Doménico Cieri Estrada, "es un arte saber ceder en lo trivial", en provecho de la mayoría.


Un cordial saludo a todos.
 
Te felicito por tu ejercicio de política-ficción. Pone en relieve una necesidad tan importante, y caída en el olvido como lo es el “HACER POLÍTICA” y más difícil aún, hacerlo para la gran mayoría, escuchando a todos. Es genial.

Pero para llevarlo a cabo habría que despojarse de toneladas de “mierda” del pasado con la que nos han bombardeado día a día por activa y por pasiva durante 40 años... Se nos quedaría un presente irreconocible con el que muchos no se sentirían muy cómodo“$”

Sinceramente, creo que hasta que no cambie la ley electoral, seguiremos bajo el yugo de unos poderes que alteran la voluntad del pueblo por intereses propios. Los partidos monárquicos mayoritarios como el PP-PSOE son los grandes beneficiarios y responsables de mantenerla durante casi 40 años y venderán su alma al diablo por seguir haciéndolo.

Nos queda Rey y aduladores para rato.
 

CHUSI

HideOuter ¡Invincible!
Viendo el titulo y por curiosidad iba a leer la propuesta pero después de ver ese tochazo paso. Me he quedado con las ganas. :jajaja:
 
Como bien dices antho1o el mamoneo que hay con este sistema que tenemos son demasiado grandes como para que estuviesen dispuesto los grandes partidos de siempre (o ya el partido) PPSOE de consentir esta sin duda sensata y muy acertada forma de plantear la política y con ello proceder a llevarla a cabo. Demasiado mamoneo como digo: demasiado lastre del que refiere antho10 del que desprenderse así como así.

No interesa sencillamente, antes pacta Naranjito con PP cosa que ha segurado el primero por activa pasiva (y perifrástica, sí) que no va a hacer.
Mi pura conjetura es que PSOE se abstuviese y se invistiera a Rajao aunque las últimas noticias apuntan a que podría ser que intentase este acercamiento a Podemos cosa que personalmente me complacería.

¿Cómo véis la posibilidad dejando al margen la gran política-ficción (nunca mejor dicho grande pero ficción) que se ha marcado nuestro amigo siberianhusky de esto último que digo, ¿qué sabéis/opináis al respecto?
 
Las razones de mi inicial exposición

Buenos días,

Agradezco las respuestas de los usuarios intervinientes en esta entrada iniciada por mí.

Entiendo vuestra renuencia a mi propuesta, juzgada como irreal e inverosímil conociendo la cultura política de nuestro país, y dada la anteposición de criterios estrictamente electorales de los dos grandes partidos, amén de otras consideraciones, como el temor, por parte de la estructura de poder radicada en Madrid de que, ante un Gobierno de signo rupturista con el status quo que ha prevalecido en nuestro país en las últimas ocho décadas, pudiera éste último levantar las alfombras y dejar en evidencia, así como al desnudo, la interconexión de intereses (o también llamado maridaje) entre las esferas de lo político y lo económico, que no haría sino tambalear la carrera política de muchos aún juzgados como intocables y con venia para la bula y la impunidad (y no simple inmunidad, como cargo público), inaugurando una nueva etapa de la vida política y social española más caracterizada por la rendición de cuentas, la transparencia y la justicia social, cualidades que no han solido figurar en el código deontológico en las formas de gobernanza de PP y PSOE (o CiU en Catalunya), desde que éstos se estrenaran en las lides de la "alta política" como sinónimo de bajeza, elusión de culpabilidades propias en la gestión de los asuntos públicos hacia el adversario, generación de círculos de clientela afín y empobrecimiento general a costa del pueblo español para el enriquecimiento impúdico de sus adláteres.

Pero, si reflexionaran con detenimiento por un instante, cabría considerar si una hipotética reedición de los comicios, ante la imposibilidad de fraguar un acuerdo entre diversos partidos, podría coadyuvar a la consecución de las metas y fines que todos, en nuestra retina, proyectamos y que el 20-D ha puesto de relieve (aunque, todavía, lamentablemente, no de una forma masiva -si de ello le aunamos las singularidades de nuestro sistema electoral, cabría desfallecer en nuestro grado de optimismo-), o, en cambio, a un retorno a una situación presente que se creía el domingo superada y que, sin embargo, podría reemerger como un bumerán en todo su esplendor como por arte de magia: el auge del bipartidismo y la restitución del sistema de partidos tal y como lo hemos conocido durante casi cuarenta años.

Os lo explico a continuación: estoy convencido firmemente de que el PP, mientras mantenga la iniciativa en la búsqueda de alianzas para sellar su continuidad en la Moncloa, va a forzar -con o sin Mariano Rajoy, a quien en Génova están removiéndole el asiento para ceder su testigo a otro candidato (¿Soraya Sáenz de Santamaría, Alberto Núñez Feijóo?)- la expiración del plazo de dos meses desde la sesión de investidura, sin ser designado Presidente, en aras de convocar de nuevo elecciones, previendo, como sin duda podría tener lugar, un reforzamiento de sus expectativas de voto en detrimento de Ciudadanos, al que, sinceramente, contemplo muy mal ante tal escenario.

¿Por qué? Muy sencillo: más de la mitad del electorado de C's proviene del Partido Popular (una cuarta parte del PSOE, y otra de nuevos electores y abstencionistas crónicos). El domingo ese sector de la población -el primero que os he comentado- se inclinó por depositar su papeleta en la urna a Ciudadanos ante la convicción de que, juntos, PP y C's sumarían mayoría absoluta de escaños en el Congreso, tal y como preveían los sondeos de estimación demoscópica (hasta que el GESOP en Andorra comenzó a barajar un pasaje bien distinto, como muy bien se ha reflejado el pasado fin de semana). O bien, que Ciudadanos desempeñaría un rol esencial en la estabilidad de Gobierno. Ni la primera, ni tampoco la segunda eventualidad, se han cumplido. Tales sujetos retornarán, temerosos de la eternización de una situación de interinidad y carencia de alguien al frente del timón en el Poder Ejecutivo, o ante el riesgo de una coalición de izquierdas, sin ambages, al Partido Popular.

Por otra parte, en el seno de la izquierda, no sabría exactamente y con precisión qué tipo de comportamiento adoptaría el elector medio de dicha adscripción ideológica: ante unas nuevas elecciones, ¿PSOE o Podemos? Una porción nada desdeñable de ciudadanos podría alegar: si en la peor tesitura histórica como organización política de los socialistas, con un candidato en absoluto convincente, con la marcada huella de sus años de gobierno y sus contradicciones entre el discurso desplegado en la oposición y su nula valentía en determinadas cuestiones en el poder (como en lo relativo a la derogación del Concordato con la Santa Sede, a fin de dotar de plena entidad la aconfesionalidad del Estado español, tal y como se desprende de nuestra Lex Normarum), con la existencia de corrupción evidente en sus filas (los ERE en Andalucía), Podemos y sus confluencias no han sabido -por casi 400.000 votos; Andalucía ha salvaguardado a Pedro Sánchez, sin duda- desplazarlo de la segunda posición... ¿qué convendría hacer ahora, a fin de desalojar a los conservadores del Ejecutivo?

Además, os transmito la siguiente cuestión, que a mí me induce a cierta intranquilidad: lo estimable residiría en un acuerdo de gobierno entre socialistas, Podemos y Unidad Popular, en base a un marco programático de propuestas concisas, claras y viables en el medio-largo plazo, coincidente con el de la legislatura. Pero no podemos obviar el hecho de que la legitimidad del PSOE para ello, con apenas 90 diputados y sus peores resultados desde 1977, se encuentra en el punto de mira de todos. Y, asimismo, los tres no computan la absoluta. Tendrían que dar cabida a las reivindicaciones de formaciones como ERC y otras, y ello envenenaría un mandato en el que el PP, oxigenado en la oposición, y con la mayoría de medios de comunicación a su descarado favor, no harían sino hacer la vida imposible a un Ejecutivo que iría perdiendo progresivamente el crédito entre la ciudadanía, confiriéndosele la oportunidad a la derecha en unos años de recobrar el espacio político perdido tras este cuatrienio para el olvido.

El principal escollo entre el PSOE y Podemos estriba en la negativa de los socialistas en poner en práctica el compromiso de los de Pablo Iglesias en incorporar, en nuestra Constitución, el principio de autodeterminación de los pueblos de España que aparece contemplado en su programa electoral, y que ha resultado basal y decisivo en su triunfo incontestable en Catalunya y el País Vasco. Una máxima, un ideal, que los propios socialistas contenían en 1974, en Suresnes, característico de la plurinacionalidad del Estado español que siempre la izquierda ha defendido y abanderado y que, no obstante, el PSOE desterró de su catálogo por exigencias de la Monarquía y el Ejército tras su acceso al poder en 1982, en adelante.

Yo comprendo perfectamente a los líderes de Podemos, al establecer como línea roja tal elemento. Hay que saber leer y entender, más allá de las líneas predecibles, los resultados del domingo. Un incumplimiento, sin apenas haber sido arrancada esta legislatura, de esa índole ocasionaría una desafección entre los catalanes y vascos hacia el partido de Iglesias que propiciaría como detonante definitivo la renuncia a la restitución de la normalidad institucional de los diversos pueblos, regiones y nacionalidades en torno a ese proyecto común al que llamamos España. Es la última oportunidad para impedir la ruptura de nuestro país, y tal envite no debe ser minusvalorado bajo ningún concepto. No es una cuestión baladí. Por ese motivo, yo consideraba que un Gobierno de signo excepcional, en manos de un independiente, con representación de todos los partidos de ámbito estatal, sabría conjugar más hábilmente tal exigencia ineludible, sin crispar tanto a la opinión pública del resto de España, y sin imputar a ninguna fuerza política -la derecha no sería acusada, por ejemplo, de debilidad o traición, por su electorado- los costes derivados y resultantes de dicha empresa impostergable, sin la cual, las restantes tensiones no se diluirán.

Un cordial saludo.
 
Última edición:
En Cataluña la participación bajó 7 puntos respecto al 27S; Cataluña es la única región de España donde las elecciones autonómicas logran mover a más gente que las españolas.

Pablo Iglesias sabe que los independentistas han votado en masa a PODEMOS por la promesa del referéndum, y no tendrá más cojones que admitir que era una farsa. Los secesionistas que han votado a Podemos lo han hecho con la intención de hacer un referéndum vinculante y lo más importante, legal y acordado con España, pero cuando vean que es imposible ese referéndum pactado, no tendrán más huevos que apoyar la declaración unilateral de independencia en un futuro. Nunca se podrá decir que los catalanes no lo han intentando todo antes de una hipotética declaración unilateral.

Yo creo que otra legislatura de 4 años del PP en España disparará ese 48% de independentistas en Cataluña hasta una cifra muy preocupante, y posiblemente irreversible.
 
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