Desde entonces, se han sucedido algo más de una veintena de convocatorias electorales multinivel -presidenciales, legislativas, regionales, municipales- y en todas ellas, salvo en dos -el referéndum constitucional de 2007, y las elecciones generales de 2015-, el partido oficialista -
MVR, primero; más tarde, el
Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV) ha obtenido inapelablemente el triunfo; en muchas ocasiones, por márgenes superiores al veinte por ciento, con respecto a la primera fuerza de la oposición-.
Una oposición que supo, tras un años iniciales de división interna y fraccionamiento, confluir conjuntamente, conocedores de que, sólo aunando fuerzas, juntos, podrían aspirar a algo más que las migajas del premio de consolación: la
Mesa de la Unidad Democrática (MUD), en la que, aunque no lo reconozcan sus partidarios... militan los prebostes de los antaños COPEI y AD, bajo una nueva redenominación. Muy singular el hecho de que los avezados adversarios del ayer, quienes se llamaban de todo en campaña electoral -para luego compartir elementos de continuidad y vínculos comunes en la gestión de ambas formaciones- se hayan convertido en aliados necesarios frente al chavismo. ¿Acaso la reinstauración de la etapa dorada de privilegios, en favor de una minoría social -a la que pertenece la mayoría de sus integrantes, al hallarse excluidos del poder, por voluntad soberana del pueblo, durante prácticamente veinte años sin rascar bola- de la que hicieron alarde, en su años de dominio, sin interrupción, del poder que malversaron en provecho de unos pocos?
En 2000, el candidato presidencial que presentó la oposición, se trató de un antiguo correligionario de Hugo Chávez,
Arias Cárdenas.
¿Saben qué fue de él, años más tarde? Reconciliado con el chavismo, fue gobernador de la región de Zulia hasta 2017... por el PSUV, el partido en el Gobierno.
Como la oposición venezolana no optaba a nada a través del libre juego democrático, y el acatamiento debido a sus reglas, en 2002 abogó por la vía insurreccional, proclamando a
Pedro Carmona, dirigente máximo de la
Federación de Cámaras (Fedecámaras) como Presidente -¿no les resulta familiar la jugada, simétrica en comparación con la de este fin de semana?-, en la que, entre otros países, como España, durante la segunda legislatura de
José María Aznar (PP), confabularon contra el Gobierno venezolano -aprovechando la salida de Chávez al extranjero, como consecuencia de una misión exterior que tenía marcada en su agenda-, y poniendo en jaque la estabilidad institucional y social del país, en un ejercicio filibustero y de conculcación flagrante del ordenamiento jurídico y constitucional de dicho Estado. Todo ello, con el beneplácito (y la dirección real y efectiva, desde la cabina de mandos) del enviado especial de Estados Unidos para Venezuela,
Elliott Abrams.
La opinión pública, mayoritariamente, reaccionó en contra, frente al silencio dolosamente cómplice de
Venevisión -medio de comunicación de titularidad privada, el más visto del país, y marcadamente antichavista-. Un país, por cierto, en el que el 70% de los mass-media, en todas sus vertientes, es de índole privada -y, por ende, ajena a la discrecionalidad del Gobierno de turno-; y el 30% restante, públicos. Y en el que la pluralidad de las distintas visiones que de la realidad política, social, y cultural se derivan de un cosmos tan complejo, diverso y variado como supone el de una sociedad como la de nuestros días se torna más rica en su multiplicidad de matices y contrastes que la del panorama mediático y audiovisual española. Sí, que la de la española.
Tras el fiasco de 2002, la derecha acusó el revés, pues le dotó al Gobierno de la munición perfecta con la que marcar la diferencia en las sucesivas citas del ciclo electoral de los años subsiguientes: la del temor a un nuevo 'golpecito'. Y no tuvo nada que hacer, hasta la muerte de Chávez.
La ocasión en la que la derecha se ha hallado más próxima a reconquistar la Presidencia del país ha sido en los comicios de 2013 -convocados apenas un año más tarde que los anteriores, tras el deceso del vencedor -Hugo Chávez-, con
Capriles Radonski, cuando cayó derrotado, por poco más de un punto, por
Nicolás Maduro-. Precisamente, en una campaña en la que la oposición, al fin, afinó las aristas más rancias de su discurso, reconociendo las cuantiosas conquistas sociales de los que antaño carecían de voz e interlocución en las instituciones, por parte del Gobierno.
Como la estrategia de comunicación política y electoral no les salió de nuevo de forma rentable y favorable, se inclinaron por la puesta en marcha de un método más sibilino y artero que el más predecible -y menos plausible de ejecutar con visos de eficacia y éxito en una era interconectada a través de la red como la nuestra-: el
terrorismo financiero. La asfixia económica inducida voluntariamente a la población venezolana, mediante el desabastecimiento, como mecanismo de presión, tendente a volcar la desafección, producto de la carestía de víveres indispensables para el normal desarrollo vital de los ciudadanos, contra el Gobierno, para así acusarle de las insuficiencias provocadas. Un fenómeno -aunque en España los mass-media lo omitan- que NO TODOS los venezolanos padecen. Sólo aplicable a los distritos de clase trabajadora. En las circunscripciones de renta media-alta, el suministro continúa su flujo corriente y regular, sin privación alguna.
Como Venezuela, así como la práctica cuasi totalidad de los Estados del mundo desarrollado, se rige bajo los principios de la economía de mercado, no ha conseguido suplir con entereza los episodios de inexistencia de stock en productos básicos, o de consumo, producidos u ofertados, de manera ordinaria, por el sector privado. Aun implementando medidas, tales como la expedición de cartillas de racionamiento, o la subida del salario mínimo interprofesional, para que las rentas del trabajo puedan mínimamente aspirar a la compra de bienes que, en el libre juego de la transacción, de la oferta y la demanda por la vía legal -o del mercado negro-, ascienden a costes prohibitivísmos para el sueldo de asalariados y/o autónomos, quienes, por razón de origen social, dependen de unas ganancias modestas para sobrevivir.
Para concluir:
1. El 20 de mayo de 2018 se celebraron elecciones presidenciales, habiendo sido la oposición venezolana la que solicitó, en su momento, el adelanto de las elecciones a esa fecha, y no en diciembre, como habrían correspondido, conforme a los usos devenidos de mandatos previos.
3. En Venezuela el voto es un derecho, no es un deber. Por lo tanto, el derecho de sufragio activo no se torna obligatorio y preceptivo. Quienes decidieron no asistir a votar se hallaban en su pleno derecho de no hacerlo. Votaron más de 9 millones de venezolanos.
4. Participaron dieciséis formaciones políticas. En las reglas elementales de la representación política, las candidaturas que se abstienen libremente de intervenir, corren el aventurado riesgo de hallarse suplidas por aquéllas que sí terminan concurriendo a las urnas.
5. Se postularon seis candidatos: Nicolás Maduro, Henri Falcón, Javier Bertucci, Reinaldo Quijada, Francisco Visconti Osorio y Luis Alejandro Ratti (los dos últimos decidieron apearse de la carrera a última hora).
6. Maduro ganó al obtener el 67,84%; le siguieron Henri Falcón con el 20,93%; Javier Bertucci con 10,82% y Reinaldo Quijada con el 0,39% del total.
7. Acompañaron en el proceso catorce comisiones electorales de ocho países; dos misiones técnicas electorales; dieciocho periodistas de distintas partes del mundo; un europarlamentario y una delegación técnico-electoral.
8. Las elecciones se realizaron con el mismo sistema electoral empleado en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, en las cuales resultó ganadora la oposición venezolana. Sistema que es automatizado y sometido a auditorías antes, durante y después de los comicios. Sistema que garantiza los principios de “un elector, un voto” porque solo con la huella se desbloquea la máquina de votación.
9. Se realizaron dieciocho auditorías al sistema; dieciocho. Los representantes del candidato Henri Falcón participaron en todas ellas y suscribieron las actas en las que manifiestan su conformidad con el sistema electoral. Las auditorías son públicas y televisadas en vivo por el canal del Consejo Nacional Electoral (CNE). Una vez realizadas las auditorías, el sistema se bloquea y la única manera de acceder nuevamente es con la introducción de los códigos.
10. Ninguno de los candidatos que participó en el proceso electoral impugnó los resultados.
Y es que, mis muy estimados adláteres de plática, Venezuela, ¡contiene tantos elementos de signo dictatorial que la oposición... controla, desde 2015, con mayoría de dos tercios, la Asamblea Nacional (principal órgano legislativo del país)! Si ésa supone, en fin, una muestra de régimen dictatorial, ¡cómo entrañará vivir en una democracia de facto, en la que el pueblo expresa el ejercicio de su soberanía, en toda la amplitud del concepto! (ironía reiterada al uso).
Y yo me pregunto: ¿por qué no apuntan los cañones de quienes propalan la necesidad de intervenir, en pos de las libertades 'secuestradas' en países, tales como Honduras, Turquía, Siria, o Arabia Saudí? ¡Ah, amigos! Porque esos correligionarios serán unos descarriados, sí; sin duda. Pero, lo más esencial de todo ello, estriba en que son de los nuestros.
Hasta aquí mi intervención, la cual, estoy convencidísimo, levantará ampollas. Pero es mi opinión, argumentada, creo yo, con bastante solidez.
Un cordial saludo.
